La Corte Constitucional concedió una tutela a un trabajador diagnosticado con una enfermedad degenerativa que fue despedido de la empresa en la que trabajaba sin contar con la autorización respectiva por parte del Ministerio del Trabajo.

En principio, el pago de la disponibilidad laboral procede cuando la misma se cumple en el lugar de trabajo, de tal suerte que el trabajador no pueda realizar otras actividades particulares, indicó el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Al conceder el amparo invocado, la Corte Constitucional abordó el derecho a la seguridad social y el mínimo vital y reiteró la jurisprudencia relacionada con los requisitos legales para la sustitución pensional al hijo o hija en situación de invalidez.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.5.5.3 del Decreto 1083 del 2015, las licencias que se pueden conceder a los empleados públicos se clasifican en no remuneradas (ordinarias y no remuneradas para adelantar estudios) y remuneradas (para actividades deportivas, enfermedad, maternidad, paternidad y luto).

La Sala recordó la regla general contenida en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, según la cual cuando como consecuencia de una enfermedad un afiliado sea declarado “inválido” tendrá derecho a la pensión de invalidez si cotizó 50 semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

A través del Decreto 740, la Presidencia modificó parcialmente el Decreto 660 del 2021, el cual definió las reglas para que privados puedan realizar alianzas con organismos multilaterales para la adquisición de vacunas.

Por medio de una sentencia de tutela, la Corte Constitucional enfatizó la importancia de los derechos a la igualdad y a la no discriminación en el mundo del trabajo.

Con la Resolución 881, del pasado 25 de junio, el Ministerio de Salud adopta el formulario único de afiliación y reporte de novedades de trabajadores, contratistas y estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales, contenido en el anexo técnico que hace parte integral de esta norma.

Si bien es cierto que el trabajo es un derecho legal y constitucionalmente protegido que tiene toda persona, también lo es que no existe ninguna disposición normativa dentro de la legislación laboral que constriña al empleador para aceptar a todos los trabajadores que apliquen para un cargo ofertado.

El pago de cesantías durante la ejecución del contrato de trabajo está proscrito y solo se autoriza para casos excepcionales puntualmente establecidos en la ley, recordó el Ministerio del Trabajo.