El Consejo Superior de la Judicatura, el pasado 5 de mayo, expidió una circular indicando un protocolo de acceso a las sedes judiciales y otras medidas complementarias para la prevención del contagio del covid-19 de los servidores judiciales, contratistas de prestación de servicios y judicantes.

Para el regreso paulatino de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios a las instalaciones de las entidades se debe dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud con relación a la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por covid-19.

El Ministerio de Salud informó que el Gobierno expidió la Resolución 681, de abril del 2020, que contiene los protocolos para los juegos de suerte y azar, uno de los sectores de la economía habilitados para reanudar labores gradualmente, y que aporta importantes recursos al sector salud.

La industria manufacturera es una de las que gradualmente sale en el país durante la emergencia sanitaria. Para ello, y teniendo en cuenta la epidemia de covid-19, el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 675 del 2020, dictó los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en este sector.

Este protocolo es complementario al que se encuentra en la Resolución 666 del 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo está a cargo de la secretaría o entidad municipal o distrital.

Mediante la Circular 034 del 2020, el Ministerio del Trabajo señaló que las medidas tomadas en virtud de dichos decretos continuarán rigiendo mientras permanezcan los hechos dieron lugar a la emergencia.

Por lo anterior, la cartera advirtió que no pueden ser negados los beneficios y prerrogativas en ellos contenidos; por su puesto, teniendo como base los requisitos y límites señalados en las normas.

Cuando un trabajador está incapacitado, bien sea por la EPS o por la ARL, dependiendo de la naturaleza y el origen del problema de salud que origina la incapacidad, no se le paga salario como tal, sino que lo que se le reconoce es el pago de un auxilio por incapacidad, es decir, el reconocimiento de una prestación de tipo económico que se efectúa a los afiliados cotizantes no pensionados por todo el tiempo en que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual.

Uno de los elementos esenciales para la existencia del contrato de trabajo es la subordinación, la cual, según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, faculta al empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto a modo, tiempo y cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos internos, sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos del trabajador.

De acuerdo con el artículo 2 del Código Sustantivo del Trabajo, la normativa laboral colombiana se aplica a todos los colombianos y extranjeros que laboren en Colombia y, en ese sentido, el empleador está obligado a pagar el salario, las prestaciones sociales, indemnizaciones y demás emolumentos laborales a que haya lugar, así como también afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social integral.

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Sabías que a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se requiere que exista mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador que tiene derecho a las vacaciones por haber cumplido un año de servicio, para que se puedan conceder estas.

Ahora bien, en caso de no estar de acuerdo el trabajador con el disfrute de las vacaciones anuales o anticipadas, el empleador no podrá obligarlo a tomar el período de descanso.

Sin embargo, el empleador si puede acordar con todos los trabajadores de forma colectiva, por la baja productividad de la empresa o los bajos ingresos, salir a disfrutar del período de vacaciones, sean estas anuales o anticipadas.

Sabías también que el Ministerio de Trabajo determinó en un concepto y aclaró mediante circular, que la configuración o no de la fuerza mayor para efectos de suspensión de contratos de trabajo corresponde valorarla a un juez y no al Ministerio, advirtiendo que realizará una Fiscalización Laboral Rigurosa, con medidas de inspección, vigilancia y control (IVC) sobre la suspensión del contrato de trabajo durante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19; y que consideró también que la existencia o no de fuerza mayor lleva consigo la valoración particular de las condiciones de la empresa, el desarrollo de su objeto social y el impacto del COVID-19.

Profundiza este y otros importantes temas, en el video del Strategy Dary Virtual sobre Gestiones laborales en tiempos del COVID-19 y que contó con la colaboración y dirección de Carolina Camacho, Socia de la firma Posse Herrera Ruiz.
 

  
 *Carolina Camacho, es también asesora de compañías colombianas y extranjeras en asuntos corporativos, laborales y migratorios, temas colectivos, auditorías laborales, procesos de recursos humanos, terminaciones contractuales, conciliaciones, litigios laborales, trámites administrativos ante el Ministerio del Trabajo y migratorios ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y consulados.
Es Presidente del Comité Laboral y Talento Humano AMCHAM (Cámara de Comercio Colombo Americana), Miembro del Comité Laboral de la ANDI y Presidente del Global Business Latam de Employment Law Alianza.
Se desempeña, de igual manera, como profesora de la maestría en Seguridad Social de la Universidad Javeriana en Bogotá y de la maestría en Derecho Laboral de la Universidad del Norte en Barranquilla. Es abogada y especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social de la Universidad Javeriana.
Cuenta con una maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España.