La normativa resalta que estos derechos son esenciales para el fortalecimiento de los derechos laborales y deben ser garantizados por las autoridades nacionales y territoriales.

El despido se considerará injustificado y el empleador podrá ser multado con una sanción económica que varía entre 1 y 5.000 salarios mínimos diarios.

No siempre coincide la fecha en que se estructura la invalidez y las secuelas posteriores, teniendo en cuenta la progresividad.

Si las manifestaciones no sobrepasan límites no se puede afirmar que el trabajador incumple sus deberes.

La iniciativa tiene como objetivo armonizar los avances tecnológicos con los derechos de los trabajadores.

La reforma pensional contenida en la Ley 2381 de 2024 introdujo una disposición importante sobre la materia.

Beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que se les aplique el régimen anterior a la Ley 100/93 más favorable.

Empresarios y gremios advierten que el aumento de costos laborales podría incentivar la informalidad y frenar la contratación.

El gremio empresarial sostiene que la propuesta del Gobierno solo beneficiaría a una minoría.

No es posible realizar una interpretación restrictiva y literal de la norma, pues resultaría nocivo y discriminatorio.