El Congreso de la Republica amplió a tres años el tiempo de caducidad para interponer acciones administrativas o judiciales para sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones laborales.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia estudió un caso en el que una empleada doméstica prestaba sus servicios a varios empleadores, pero solo una de esas personas era quien realizaba aportes al sistema de seguridad social. Lo anterior sirvió para que el tribunal confirmara que la accionada fue quien remitió a la demandante a cumplir labores en otras residencias, en uso del poder subordinante y de la facultad del ius variandi.

El reconocimiento de la pensión de vejez se previó como una causa de terminación del contrato de trabajo, tanto en el sector privado como público, precisó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia; en el ámbito de las relaciones legales o reglamentarias opera frente a cualquier tipo de pensiones, incluso aquellas legales reconocidas bajo la aplicación del régimen de transición y las extralegales o convencionales, como a la que en este asunto accedió la demandante, dado que el fin de la norma es dotar a los empleadores de herramientas que les permitan disponer libremente de las personas que tuvieran asegurado un ingreso pensional.

La Corte Constitucional estudió una tutela que presentó una mujer de 27 años diagnosticada con un tumor maligno en una de sus piernas mientras realizaba su práctica laboral en una empresa que la había vinculado por un año mediante contrato de aprendizaje.

Con el objetivo de crear mayores oportunidades de acceso al mercado laboral para la población pospenada, o que se encuentre cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional con autorización de trabajo, la Ley 2208/22 estableció que las empresas que contraten este talento humano tendrán beneficios tributarios, económicos y otros que impacten positivamente su estructura de costos.

Las entidades administradoras de pensiones tienen la obligación de custodiar las historias laborales de los afiliados y deben tener especial cuidado con la información que certifican al emitir estos documentos por intermedio de sus plataformas digitales o físicas, recordó la Sala.

Sobre la violencia en el hogar y la protección que merece la mujer que sufre actos de agresión en dicho ámbito, el presupuesto de convivencia exigido legalmente no se puede desechar por la ausencia de cohabitación física del cónyuge o de los compañeros permanentes cuando el presunto beneficiario ha sido sometido a maltrato físico, sicológico y a cualquier tipo de violencia, enfatizó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

La protección especial dispuesta para los empleados que están en situación de debilidad manifiesta, en los términos del Decreto 1083 del 2015, no puede entenderse a manera de conservación perpetua del trabajo o a la permanencia indefinida en un empleo público, ya que deberán prevalecer los derechos de quienes ganan concursos de méritos.