Respecto a la suspensión del contrato de trabajo de personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por razones de salud, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó lo siguiente.

Las cajas de compensación familiar deben expedir paz y salvo de desafiliación válido para traslado en un término no superior a 60 días hábiles, para lo cual es necesario que el empleador esté al día en el pago de sus aportes o que suscriba un acuerdo de pago.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) inició los procesos de selección para cubrir cerca de 2.000 vacantes de carrera administrativa. Se trata de 1.041 para ingresar al INPEC y 865 en 18 entidades del orden nacional.

A la luz de la Ley de Garantías no se evidencia restricción para la reubicación en la misma entidad, siempre y cuando se haga con apego a lo dispuesto en la normativa.

El Departamento Administrativo de la Función Pública resolvió una consulta relacionada con la posibilidad de que un concejo municipal cree y reconozca a algunos funcionarios públicos de la entidad territorial una bonificación especial del 25 % sobre el salario básico mensual, en razón a estudios académicos realizados por estos.

La Sala Laboral explicó que ante un mismo evento, como puede ser la invalidez o la muerte de un trabajador, tendrá lugar la protección según el origen de la contingencia, con lo que a partir de la entrada en vigencia del sistema integral de seguridad social las prestaciones por los riesgos anotados se tornan incompatibles, pues por el mismo suceso la finalidad de la pensión es la misma, es decir, amparar la contingencia del fallecimiento.

En caso de causa justificada y a juicio del nominador, la licencia podrá prorrogarse hasta por 30 días hábiles más.

De acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 del 2005 (Ley de Garantías), la nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular.

Por medio del Decreto 325, del 8 de marzo, el Gobierno Nacional amplió el cupo y el valor de los subsidios entregados a las exmadres comunitarias y sustitutas del país, aumentando las ayudas de $ 280 mil a $ 440 mil por beneficiaria y garantizando su financiación a través del Fondo de Solidaridad Pensional.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 21 de 1982, el subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo. Su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad.