El Decreto 649 adiciona la Sección 7 al Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 del 2015, único reglamentario del sector Trabajo, en lo relacionado con la habilitación del trabajo en casa para empleos del sector privado.

En una acción de tutela el actor alegaba que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al negarse a restablecer su pensión de invalidez, a pesar de haber sido calificado por la junta regional de calificación de invalidez. Al respecto, la entidad argumentó que el pago de la prestación se suspendió luego de una investigación administrativa en la cual se concluyó un presunto fraude en el reconocimiento de la pensión, porque algunas de las afectaciones padecidas por el accionante habían sido sobrecalificadas.

No resulta procedente la nivelación salarial cuando no se acreditan los elementos mínimos necesarios para efectuar el ejercicio comparativo en términos de funciones, requisitos y responsabilidades del cargo, cuando lo demostrado en el caso bajo estudio fue solo su reubicación en otra dependencia, señaló la Sección Segunda del Consejo de Estado.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia explicó que el artículo 24, literal c), del Decreto 3771 del 2007 consagró la posibilidad de suspender la condición de beneficiario cuando se cumpliera “el periodo máximo establecido para el otorgamiento del subsidio”, pero en atención a que estos constituyen una verdadera manifestación del Estado social de derecho, porque materializan los principios de universalidad y solidaridad de la seguridad social y permiten una redistribución de ingresos en favor de quienes no tienen los recursos para acceder a una pensión.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1045 de 1978, los servidores públicos tienen derecho a 15 días de vacaciones al cumplir un año de servicios, las cuales deben ser concedidas mediante acto administrativo de manera oficiosa o a petición del interesado.

Le correspondió a la Corte Constitucional estudiar una tutela en la que se pretendía el reconocimiento de la pensión de invalidez originada en una pérdida de capacidad laboral derivada de enfermedades crónicas y degenerativas, pese a no cumplir con el requisito de 50 semanas de cotización en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

La Sala Laboral amparó a unos empleados que fueron despedidos aunque tenían fuero. Su sindicato había presentado pliego de peticiones a la empresa de la que eran trabajadores directos, pese a estar contratados por intermediarios.

El documento soporte de pago de nómina electrónica no es asimilable al desprendible de nómina, pues su finalidad es soportar el costo, deducción o descontable para el empleador (contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios) y de ninguna forma soporta los ingresos del trabajador.

Hasta el 30 de junio del 2022 se deberán llevar a cabo las mesas de saneamiento en las que se efectuará la aclaración y conciliación de los recursos de aportes patronales por concepto de pensión, salud, riesgos laborales y cesantías de las vigencias 2012 a 2016.