La iniciativa tiene como propósito definir criterios claros para la realización de estos procedimientos.

Las entidades territoriales deben garantizar que todas las vacantes se asignen respetando el orden de mérito.

Enfatiza que el estado actual del sistema no garantiza plenamente el derecho a la salud de la población.

Uno de los aspectos clave para garantizar el bienestar de los colaboradores y el cumplimiento normativo es la correcta gestión de las enfermedades laborales.

El Congreso debería aprobar la consulta a pesar del riesgo que implica la redacción de las preguntas, sin que exista un control judicial previo, como se ha indicado en precedencia.