El Departamento Administrativo de la Función Pública señaló que los empleados encargados de cancelar la nómina en una entidad no pueden deducir suma alguna de los sueldos de empleados y trabajadores sin mandato judicial de estos, a menos que sea por expresa autorización legal.

El Ministerio de Salud estableció que se extiende la emergencia sanitaria en Colombia por covid-19 hasta el próximo 28 de febrero del 2021.

Según reportó el Dane, la tasa de desempleo en octubre en Colombia fue de 14,7%. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 16,8 %.

Es procedente que durante la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus (covid-19) se efectúe el retiro de un empleado nombrado en provisionalidad con el fin de nombrar en el cargo a quien ha superado un concurso de méritos.

Ante la crisis generada por el covid-19 es imprescindible conocer todas las claves para superar las barreras de la colaboración remota, el retorno gradual a las oficinas y los desafíos de la pospandemia. La primera jornada se centró en el capital humano como actor estratégico del negocio, la gestión en materia laboral-jurídica, la reinvención de liderazgo y la felicidad en el trabajo. La segunda jornada se enfocó en cómo construir la experiencia del colaborador a distancia y los posibles escenarios del futuro del trabajo virtual. Concluyó con el panel para abordar temas como la reactivación económica, la reorientación del talento humano y el tejido productivo empresarial.

Respecto a la jurisprudencia constitucional en torno al derecho a la estabilidad laboral reforzada ante un despido a todas luces injustificado surge, para la Corte Constitucional, un deber en cabeza de las empresas, consistente en garantizarles a los actores la permanencia en sus empleos, con fundamento en el principio superior de solidaridad.

La Ley 1010 del 2006 debe ser analizada y aplicada a la luz de los principios y valores constitucionales, como los derechos a la igualdad, a la dignidad humana, el no trato inhumano o degradante y el trabajo digno, entre otros, con el fin de garantizar la calidad de vida laboral de los trabajadores, precisó la Corte Constitucional.

Si bien el periodo de prueba es una excepción al principio constitucional de estabilidad en el empleo, la eventual terminación del vínculo en dicha etapa debe ajustarse irrestrictamente a circunstancias objetivas que evidencian la falta de aptitud para ejercer la actividad laboral, lo cual deberá ser soportado legalmente por el empleador en caso de que alguna autoridad así lo requiera, recordó el Ministerio del Trabajo.

En el Código Sustantivo de Trabajo no existe regulación alguna sobre el tiempo que, después de terminar la relación laboral, las organizaciones privadas tienen la obligación de archivar o mantener los comprobantes de pago del salario efectuado al empleado, precisó el Ministerio del Trabajo.

La medida de aislamiento preventivo de 14 días para un trabajador que presenta síntomas de covid-19 no se considera incapacidad, teniendo en cuenta las disposiciones normativas para la expedición de una incapacidad, ya sea de origen común u ocupacional, y que en esta etapa no se incurre en el pago de prestaciones adicionales.