Son sujetos de aplicación de las normas de acoso laboral en el sector público los empleados públicos y trabajadores oficiales, además de quienes estén en un ámbito de relaciones de dependencia o subordinación de carácter laboral.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ordenó indemnizar a un empleado despedido de una inmobiliaria por crear con otras personas una empresa similar.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 1116 del 2006, los contratos de trabajo vigentes al momento de decretarse la apertura del proceso de liquidación por adjudicación de una sociedad en reorganización son terminados por ministerio de la ley.

Así lo consideró la Corte al confirmar una sentencia de tutela que a su vez confirmó una decisión de segunda instancia de un juez laboral que concedió las pretensiones al accionante en materia de reconocimiento y pago de la pensión sanción.

El comité de convivencia laboral es una instancia en la entidad que está llamada a actuar como tercero neutral en la construcción de un acuerdo entre las partes involucradas en los hechos que dan lugar a una queja, con el fin de lograr armonía entre las personas que conviven en ambiente laboral.

El Ministerio del Trabajo estableció el trámite para el recaudo de las multas con destino al Fondo de riesgos laborales, procedimientos que son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la cartera y los participantes en el proceso.

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El personal de la salud que eventualmente fallezca por contagio de covid-19, producto de sus servicios a los pacientes sospechosos o diagnosticados con la enfermedad, deberá tener derecho al reconocimiento económico autorizado para los trabajadores de esta área, aunque el deceso se produzca cuando haya finalizado la emergencia sanitaria.

La DIAN modificó el calendario para la implementación del documento soporte de pago de nómina electrónica en el sector empresarial, el cual iniciará el 1º de octubre y terminará en el mes de diciembre del presente año.

Un cargo debe proveerse de acuerdo con los parámetros legales y con lo previsto en el manual específico de funciones y competencias, de manera que si el mismo no está ajustado a las disposiciones legales la administración está en la obligación de actualizarlo.