La Sala Especial de Decisión N. 16 del Consejo de Estado así lo precisó al condicionar la aplicabilidad de la Resolución 20476 del 2020.

Los empleadores y trabajadores podrán realizar aportes en un plazo no superior a 36 meses.

La decisión del Consejo de Estado se da al declarar la legalidad condicionada del artículo 6 del Decreto 1070 del 2013, uno de los decretos que reglamentó parcialmente el Estatuto Tributario (E. T.).

A esta conclusión arribó la Corte Constitucional luego de declarar improcedente una acción de tutela solicitada por un ciudadano en contra de Colpensiones, por considerar que la entidad le estaba vulnerando sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital, vida digna e igualdad.

El Ministerio del Trabajo precisó que la decisión corresponde única y exclusivamente al empleador, lo cual deberá adoptarse con plena observancia de las normas correspondientes.

Los contratos de trabajo a término fijo son renovables indefinidamente, según expresa autorización del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual no significa que se conviertan en contratos a término indefinido.

Un trabajador del sector público o privado puede recurrir a una acción de tutela cuando considera que ha sido despedido sin justa causa, pero para ello debe cumplir los requisitos que la Corte Constitucional ha reiterado.

Los trabajadores que estén bajo esta medida deberán, en lo posible, actuar bajo los lineamientos de las modalidades de teletrabajo o trabajo en casa previamente pactadas con el empleador.

La iniciativa pasa a conciliación con la Cámara de Representantes y luego a sanción presidencial.

Se modificaron el artículo 2 de la Resolución 666 de 2020 y algunos numerales del anexo técnico.