Los empleados públicos se rigen por una relación legal y reglamentaria, que se concreta con un acto de nombramiento y la suscripción de un acta de posesión, mientras que un trabajador oficial suscribe un contrato de trabajo, recordó el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Al revisar varias acciones de tutela, la Corte Constitucional explicó que la estabilidad laboral reforzada por maternidad es un derecho cierto e indiscutible y, por lo tanto, de pactarse una terminación de mutuo acuerdo del contrato laboral, este se entenderá como ineficaz.

Se debe practicar retención en la fuente por aquellos pagos que surjan por concepto de rentas de trabajo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 385 o 386 del Estatuto Tributario, situación que tiene una directa incidencia en la forma como el agente de retención certifica estos valores al contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios en el Formulario 220, reiteró la Dian.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.5.5.5 del Decreto 1083 del 2015, la licencia ordinaria es aquella que se otorga al empleado por solicitud propia y sin remuneración, hasta por 60 días hábiles al año, continuos o discontinuos, que puede prorrogarse hasta por 30 días hábiles más, a juicio del nominador.

Al conceder la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la seguridad social y al debido proceso de una madre accionante, la Corte Constitucional precisó que la imposición de requisitos adicionales a los dispuestos en la ley para el reconocimiento y el pago de la licencia de maternidad vulnera las garantías superiores de esta progenitora.

El artículo 206 del Estatuto Tributario señala que todos los pagos provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria son gravables, salvo las excepciones señaladas por el citado artículo, recordó la Dian en un concepto. En consecuencia, agregó la entidad, estarán sujetos al impuesto sobre la renta al que se le aplica retención en la fuente a título de este impuesto, por concepto de ingresos laborales, según lo dispuesto en el artículo 383 del Estatuto Tributario (E.T.).

El derecho a la huelga tiene naturaleza constitucional a partir de dos vías. De una parte, acorde con el artículo 56 superior y su previsión como parte del derecho a la negociación colectiva y, de otra, los convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumentos internacionales que la jurisprudencia constitucional ha incorporado al bloque de constitucionalidad en sentido estricto.

Por medio de una tutela, la Corte Constitucional explicó que, cuando una persona afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales sufre una contingencia con ocasión o como consecuencia de su trabajo, se genera a su favor o de sus beneficiarios el derecho a recibir una serie de servicios asistenciales y/o prestacionales, destinados a compensar las consecuencias que de dicho acontecimiento se derivan, conforme con el artículo 1º de la Ley 776 del 2002.

Aunque el empleador no conozca el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral de un trabajador, en los casos en los que está plenamente enterado de su enfermedad, gravedad y complejidad, le queda prohibido despedirlo o desvincularlo sin el permiso del Ministerio de Trabajo.

A partir de la vigencia de la Directiva Presidencial 04, es decir, el 9 de junio del 2021, se ordenó a todos los servidores públicos y demás colaboradores del Estado de todas las entidades públicas pertenecientes a la Rama Ejecutiva retornar a sus labores de forma presencial.