La norma rige a partir del 1 de enero de 2021 y corresponde a cada sociedad realizar un estudio de los requisitos establecidos y determinar si está obligada a adoptar los programas mencionados.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que este fuero es esencial para la protección del derecho de sindicación y la libertad sindical en la medida que evita que los afiliados sean despedidos selectivamente con ocasión de un conflicto colectivo y se diluya el movimiento sindical.

En los actos administrativos mediante los cuales se hacen los reconocimientos de bonificaciones debe constar el valor del pago y el producto académico que lo origina.

El ministerio resaltó que la iniciativa pretende regular esta modalidad como una forma de prestación de servicio en situaciones excepcionales. Incluye también el derecho a desconexión laboral y auxilio de conectividad.

La jurisprudencia constitucional indicó que en las conformaciones familiares que perduren en el tiempo se originan prerrogativas que deberán ser aseguradas en virtud de los derechos.

El Ministerio de Salud goza de competencia para expedir esta clase de normas, tendientes a establecer medidas de bioseguridad para asegurar la continuidad del servicio público de transporte durante la pandemia.

La Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo dispuso una página web para registrar la información de los años 2019 y 2020 en los formatos establecidos, correspondiente a la tabla de valores y el plan de mejoramiento.

El MinTrabajo extendió el periodo para empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico y serán de obligatorio cumplimiento.

La Corte Constitucional señaló que para el pago de las incapacidades que mayores a dicha cantidad, para antes del 2015, no se evidenciaba protección con relación a quienes tuvieran concepto favorable de rehabilitación y/o calificación de pérdida de capacidad laboral inferior al 50 %.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia aclaró que la condición de discapacidad relevante es el criterio que identifica a la población destinataria de la estabilidad laboral reforzada.