La Sala Laboral precisó que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, se estableció como una de las características del sistema general de pensiones que el traslado de régimen debe ser libre y voluntario, condición que se cumple siempre que la administradora suministre la información para que el afiliado conozca las consecuencias de su decisión.

El derecho de asociación tiene un carácter fundamental y conductas tales como sujetar la admisión y permanencia en el empleo bajo la condición de no afiliarse al sindicato, otorgar privilegios para desestimular la afiliación, crear regímenes diferenciales entre los no sindicalizados y los sindicalizados en perjuicio de estos últimos,

El servidor que fue nombrado sin requisitos, pero se condujo con rectitud ante la administración, no está obligado a devolver los salarios que percibió mientras estuvo desempeñando el cargo, en aras de salvaguardar la presunción de buena fe y los consecuentes efectos ante situaciones que no son deseables.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que los artículos 470 a 472 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) previeron que para ser beneficiario de una convención colectiva de trabajo, en principio, debía demostrarse la calidad de afiliado al sindicato que la suscribió o que, sin estarlo, el trabajador se adhirió a las estipulaciones convencionales, o que dicha organización tiene la connotación de mayoritaria, porque agrupa más de la tercera parte del total de los empleados de la empresa o que existe disposición gubernamental que dispone su aplicación.

Para efectos de determinar quiénes son beneficiarios del subsidio familiar en dinero, la Superintendencia del Subsidio Familiar señaló que es importante tener en cuenta qué se entiende por remuneración y qué por ingresos.

Se estudió el caso de una servidora pública que solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985, por considerar que era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Se negó la prestación solicitada por considerar que no era beneficiaria del régimen de transición, al no contar con 750 semanas de cotización a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 del 2005.

La sanción moratoria es un castigo o penalidad impuesta por el legislador para el empleador por no consignar oportunamente las cesantías en el fondo, la cual consiste en un día de salario por cada día de retardo en la consignación de las cesantías. El plazo vence el 14 de febrero de cada año, así que la sanción corre desde el 15 de febrero y hasta que se realice el pago.

El Congreso de la Republica amplió a tres años el tiempo de caducidad para interponer acciones administrativas o judiciales para sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones laborales.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia estudió un caso en el que una empleada doméstica prestaba sus servicios a varios empleadores, pero solo una de esas personas era quien realizaba aportes al sistema de seguridad social. Lo anterior sirvió para que el tribunal confirmara que la accionada fue quien remitió a la demandante a cumplir labores en otras residencias, en uso del poder subordinante y de la facultad del ius variandi.