Cuatro decisiones importantes tomó la Corte Constitucional al estudiar el Decreto Legislativo 639 del 2020, que creó el Programa de apoyo al empleo formal (PAEF), en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológico.

A pesar de presentarse una justa causa de despido, en los términos del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador debe efectuar la liquidación de derechos laborales y prestaciones sociales.

Las unidades vocacionales de aprendizaje en empresa (UVAE) podrán ofertar, además de trabajo seguro en alturas, formación complementaria relacionada con los procesos técnicos específicos de la empresa, con los estándares de pertinencia, oportunidad, cobertura y calidad, que el Ministerio del Trabajo expedirá el 1º de julio del 2021.

El Ministerio del Trabajo indicó de qué forma deben intervenir las compañías con trabajadores en riesgo.

Las acciones legales que puedan llegar a ocasionarse por las controversias suscitadas en los contratos laborales en el marco del COVID-19 pueden ser definidas por la jurisdicción ordinaria.

La Corte Constitucional precisó la obligación de los empleadores sobre los pagos y que en el proceso de cobro, las administradoras cuentan con unas herramientas con el fin de hacer efectivo el pago del aporte en favor del trabajador.

Según el Mintrabajo las partes pueden aplicar un mutuo acuerdo durante el actual estado de emergencia, pero se debe tener en cuenta que su aplicación es permanente a partir de su implementación.

Independientemente de que el salario de un trabajador sea integral, el reconocimiento de incapacidades y licencias se hace en las mimas proporciones que a cualquier otro trabajador.

La Corte Constitucional reiteró la jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la salud y la protección constitucional de las personas en situación de debilidad manifiesta por salud en materia laboral.