Ante la crisis generada por el covid-19 es imprescindible conocer todas las claves para superar las barreras de la colaboración remota, el retorno gradual a las oficinas y los desafíos de la pospandemia. La primera jornada se centró en el capital humano como actor estratégico del negocio, la gestión en materia laboral-jurídica, la reinvención de liderazgo y la felicidad en el trabajo. La segunda jornada se enfocó en cómo construir la experiencia del colaborador a distancia y los posibles escenarios del futuro del trabajo virtual. Concluyó con el panel para abordar temas como la reactivación económica, la reorientación del talento humano y el tejido productivo empresarial.

Respecto a la jurisprudencia constitucional en torno al derecho a la estabilidad laboral reforzada ante un despido a todas luces injustificado surge, para la Corte Constitucional, un deber en cabeza de las empresas, consistente en garantizarles a los actores la permanencia en sus empleos, con fundamento en el principio superior de solidaridad.

La Ley 1010 del 2006 debe ser analizada y aplicada a la luz de los principios y valores constitucionales, como los derechos a la igualdad, a la dignidad humana, el no trato inhumano o degradante y el trabajo digno, entre otros, con el fin de garantizar la calidad de vida laboral de los trabajadores, precisó la Corte Constitucional.

Si bien el periodo de prueba es una excepción al principio constitucional de estabilidad en el empleo, la eventual terminación del vínculo en dicha etapa debe ajustarse irrestrictamente a circunstancias objetivas que evidencian la falta de aptitud para ejercer la actividad laboral, lo cual deberá ser soportado legalmente por el empleador en caso de que alguna autoridad así lo requiera, recordó el Ministerio del Trabajo.

En el Código Sustantivo de Trabajo no existe regulación alguna sobre el tiempo que, después de terminar la relación laboral, las organizaciones privadas tienen la obligación de archivar o mantener los comprobantes de pago del salario efectuado al empleado, precisó el Ministerio del Trabajo.

La medida de aislamiento preventivo de 14 días para un trabajador que presenta síntomas de covid-19 no se considera incapacidad, teniendo en cuenta las disposiciones normativas para la expedición de una incapacidad, ya sea de origen común u ocupacional, y que en esta etapa no se incurre en el pago de prestaciones adicionales.

Por medio de diversas providencias, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha puntualizado que los contratos de prestación de servicios suscritos no desvirtúan o descartan de plano la existencia de un contrato de trabajo.

Tal como se había anunciado, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, expidió el protocolo de bioseguridad para instituciones educativas, de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano

Ricardo Barona Betancourt, Socio Consultor de Barona Llanos Abogados Consultores, es especialista en Derecho Laboral, Relaciones Industriales y Seguridad Social, mágister en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia, además de doctor en Derecho del Trabajo. El experto habló con la comunidad sobre los aspectos a tener en cuenta durante la reactivación económica que enfrenta Colombia, algunos de ellos son las obligaciones de los empleadores y trabajadores; auxilios, apoyos y beneficios; seguridad social; etc.

Revive cada detalle del webinar a continuación.

El Ministerio del trabajo, a través de la Circular 21, del 17 de marzo del 2020, estableció diferentes alternativas para ser consideradas por los empleadores con el fin de proteger el empleo, teniendo en cuenta la emergencia declarada a raíz de la propagación del coronavirus (covid-19) y el impacto económico que la misma ha generado.