A través de la Resolución 735, el Ministerio de Salud estableció los protocolos de bioseguridad para las diferentes actividades del comercio electrónico, con el fin de garantizar la protección a trabajadores, empleadores y familias frente a los riesgos que representa el covid-19.

El protocolo va dirigido a centros de llamada, de contacto, de soporte técnico, de procesamiento de datos y de servicios compartidos, incluidos los business process outsourcing, así como a los servicios domiciliarios, mensajería y plataformas digitales.

Uno de los sectores que reanudó actividades en el país fue el de construcción de edificaciones. Para ello, y teniendo en cuenta la epidemia de covid-19, el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 682 del 2020, dictó los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en este sector. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la Resolución 666 del 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo está a cargo de la secretaría o entidad municipal o distrital.

Con el objetivo de orientar el sector caficultor y disminuir el riesgo de transmisión del covid-19 durante el desarrollo de sus actividades, el Gobierno generó lineamientos de bioseguridad para los trabajadores de las fincas. Dentro de las medidas establecidas para el control de contagio se deben realizar cuidados básicos de interrupción de la cadena de contagio, entre ellas el lavado de manos, el distanciamiento social y el correcto uso del tapabocas.

El Ministerio del Trabajo señaló que la vigencia de todas las certificaciones de entrenamiento y reentrenamiento, expedidas a trabajadores que realicen tareas de trabajo en alturas con riesgo de caídas, que se hayan vencido el 12 de marzo de este año, se entenderán prorrogadas automáticamente hasta por un mes después de la fecha de superación de la emergencia sanitaria. Por ello, la cartera recomienda al empleador adelantar las gestiones necesarias para el efecto, luego de superada dicha declaratoria.

El Consejo Superior de la Judicatura, el pasado 5 de mayo, expidió una circular indicando un protocolo de acceso a las sedes judiciales y otras medidas complementarias para la prevención del contagio del covid-19 de los servidores judiciales, contratistas de prestación de servicios y judicantes.

Para el regreso paulatino de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios a las instalaciones de las entidades se debe dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud con relación a la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por covid-19.

El Ministerio de Salud informó que el Gobierno expidió la Resolución 681, de abril del 2020, que contiene los protocolos para los juegos de suerte y azar, uno de los sectores de la economía habilitados para reanudar labores gradualmente, y que aporta importantes recursos al sector salud.

La industria manufacturera es una de las que gradualmente sale en el país durante la emergencia sanitaria. Para ello, y teniendo en cuenta la epidemia de covid-19, el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 675 del 2020, dictó los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en este sector.

Este protocolo es complementario al que se encuentra en la Resolución 666 del 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo está a cargo de la secretaría o entidad municipal o distrital.

Mediante la Circular 034 del 2020, el Ministerio del Trabajo señaló que las medidas tomadas en virtud de dichos decretos continuarán rigiendo mientras permanezcan los hechos dieron lugar a la emergencia.

Por lo anterior, la cartera advirtió que no pueden ser negados los beneficios y prerrogativas en ellos contenidos; por su puesto, teniendo como base los requisitos y límites señalados en las normas.

Cuando un trabajador está incapacitado, bien sea por la EPS o por la ARL, dependiendo de la naturaleza y el origen del problema de salud que origina la incapacidad, no se le paga salario como tal, sino que lo que se le reconoce es el pago de un auxilio por incapacidad, es decir, el reconocimiento de una prestación de tipo económico que se efectúa a los afiliados cotizantes no pensionados por todo el tiempo en que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual.