Por medio de la Directiva 3 del 2019, el Ministerio de Educación, en virtud de los acuerdos suscritos con la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) en mayo del 2019, definió la procedencia de la interrupción y reanudación del periodo de vacaciones de los docentes.

En materia de despido con y sin justificación, una de las salas de descongestión de la Corte Suprema de Justicia recordó que el empleador debe identificar los motivos concretos que le imputa al trabajador y que dieron lugar a su despido, a efectos de que le permita en ese momento de la comunicación conocer los móviles que generaron esa determinación y pueda ejercer el derecho de defensa y garantizar la contradicción oportuna, correspondiéndole al juez verificar si las razones alegadas están o no tipificadas en el ordenamiento legal aplicable.

Migración Colombia expedirá permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización (PEPFF), creado mediante Decreto 117 del 2020, de forma gratuita, mediante el agendamiento de cita previa a solicitud del interesado.

Este trámite se realiza desde el pasado 3 de febrero y de conformidad con lo establecido en la Resolución 0289 del 2020. La norma también define los canales dispuestos para agendar las citas.

La Dian, en reciente concepto, resolvió varias inquietudes relacionadas con las rentas exentas de trabajo. Así, la entidad precisó que el numeral primero del artículo 206 del Estatuto Tributario se refiere a las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, por lo que no son rentas exentas las incapacidades por enfermedad general y accidentes de trabajo, pues no tienen carácter indemnizatorio.

El Ministerio de Salud expidió una resolución que tiene por objeto implementar la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad (RLCPD), como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a esta población, cuyo manual técnico hace parte integral de la norma.

El acto administrativo aclara que la certificación estará exenta de pago por parte del solicitante. La norma regula el equipo multidisciplinario que realiza el procedimiento, la autocorrección y voluntariedad, autorización de IPS, entre otros aspectos.

La Corte Constitucional estableció que la fecha de estructuración de la invalidez no puede ser la misma en que se práctica el examen, toda vez que ello implicaría que el paciente ingresó a valoración con buen estado de salud y el mismo día adquirió las patologías.

La Corte Suprema de Justicia recordó que las administradoras de pensiones deben agotar diligente y oportunamente las gestiones de cobro ante los empleadores, de suerte que, de omitirse esta obligación, deben responder por el pago de la prestación a que haya lugar, según la normativa aplicable.

Para el cumplimiento de esa gestión, el sistema de seguridad social les otorgó a dichos entes herramientas jurídicas suficientes para desplegar su control, requerir a los morosos e iniciar acciones de cobro, además de contemplar, a su favor, intereses o multas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo, sobre descanso remunerado durante la lactancia, la trabajadora que da a luz tiene derecho a dos descansos de 30 minutos cada uno dentro de la jornada laboral para amamantar a su hijo, recordó el Ministerio del Trabajo.

La expresión “interesado”, prevista en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 019 del 2012, sobre calificación del estado de invalidez, para efectos de manifestar inconformidad en caso de no estar de acuerdo con el dictamen, se refiere, en primer lugar, a la persona que sufre el accidente o padece la enfermedad que le causa la disminución en su potencial laboral, es decir, la persona a la cual se le ha practicado el examen médico.

Una sala de descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que los riesgos pensionales en cabeza del empleador solo cesan con la subrogación a la respectiva entidad de seguridad social. Así las cosas, los tiempos de servicios no cotizados, por falta de cobertura del Instituto de Seguros Sociales (ISS), no pueden ser desconocidos, razón por la que el empleador conserva una responsabilidad financiera respecto de los mismos, que se traduce en el pago de un cálculo actuarial.