Así lo indicó el Ministerio de Salud en un reciente concepto, al expresar que el tratamiento o manejo que requiera un paciente depende del criterio del médico tratante. La cartera señaló que el profesional de la salud en ejercicio de su autonomía, la cual se encuentra descrita en el artículo 105 de la Ley 1438 del 2011 y el artículo 17 de la Ley 1751 del 2015, podrá adoptar las decisiones relativas al diagnóstico de sus pacientes, lo que incluye la posibilidad de expedir incapacidades, si así lo considera.

Las exámenes ocupacionales deben practicarse a costa del empleador y en seguimiento de la normativa correspondiente, es decir, Resolución 1918 del 2009, entre otras, haciendo relevancia a que la periodicidad de la práctica de los mismos obedece al tipo, magnitud y frecuencia de la exposición a cada factor de riesgo, así como al estado de salud del trabajador, indicó el Ministerio del Trabajo.

El Consejo de Estado recordó que la caducidad es la sanción que el legislador previó para quienes acuden tardíamente a la jurisdicción y su consecuencia inmediata es la limitación del ejercicio del derecho de acción.

El Gobierno modificó el Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 780 del 2016, único reglamentario del sector Salud y Protección Social, en lo relacionado con la inclusión en el Sistema de afiliación transaccional (SAT) de los sistemas de pensiones y de subsidio familiar.

Por lo tanto, en el SAT aparecerán datos de información básica y complementaria de los afiliados, la afiliación y novedades, con el fin de contribuir a la materialización de la política de formalización empresarial.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, la dotación es una prestación social a la cual tiene derecho el trabajador, por lo que, una vez entregada, se entiende que le pertenece, pues se trata de un beneficio que concede la ley que, a su vez, no contempla la devolución cuando termina la relación laboral.

La obligación de pagar el salario y las prestaciones sociales, así como los aportes al sistema de seguridad social de los trabajadores en misión, corresponde a la empresa empleadora, es decir, la empresa de servicios temporales, y no a la empresa usuaria del servicio, quien, tratándose de una entidad del Estado, debe desembolsar los valores que determine el contrato celebrado, de manera que no existe motivo para que la entidad empleadora se retrase en los pagos mencionados y demás emolumentos laborales, de manera que se no afecte el mínimo vital del trabajador y de las personas que dependen

Si bien el empleador está obligado a otorgar permisos al trabajador para atender citas médicas, los mismos deben ser solicitados de manera racional y en obediencia al principio de buena fe inmerso en cualquier relación contractual, de manera que el trabajador no puede utilizarlos para evadir sus responsabilidades laborales, precisó el Ministerio del Trabajo.

En todo caso, indicó, los mencionados permisos deberán estar determinados en el reglamento interno del trabajo, así como las condiciones para concederlos.

Una providencia del Consejo de Estado aborda el porcentaje de las vacaciones que se incluye en la base de liquidación de los aportes parafiscales en el caso de empleados con salario integral.

Así, la Sección Cuarta reiteró su propia jurisprudencia en la que se ha fijado que en el ordenamiento jurídico no se hace distinción frente a los pagos percibidos por el trabajador cuando se ha estipulado salario integral, de forma que la base para calcular los aportes parafiscales respectivos corresponde al 70 % de dichas erogaciones, incluidas las vacaciones.

Según una sentencia reciente de la Corte Suprema, el fuero circunstancial es la garantía de que gozan los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados a no ser despedidos sin justa causa, entre la fecha de presentación del pliego de peticiones y la terminación de la negociación colectiva.

Esta protección es esencial para la libertad sindical, en tanto evita que los afiliados a un sindicato sean despedidos selectivamente con ocasión de un conflicto colectivo y, por esa vía, se diluya el movimiento sindical.

Aunque el hecho dañoso que ocasiona la pérdida de capacidad laboral del afiliado se hubiese fijado de forma retroactiva y no concurrente con el momento de la emisión del dictamen de calificación, ello no significaba que la exigibilidad de la prestación pensional naciera desde la estructuración del estado de invalidez, pues, en últimas, es a partir de la firmeza del diagnóstico por parte de la correspondiente autoridad médica que el padecimiento alegado adquiere la connotación de un hecho determinado, cierto y exigible.