Un ciudadano que nació en 1969 fue calificado con pérdida de la capacidad laboral del 63,40 % el 19 de agosto del 2010, esta se estructuró el 17 de abril de 1970, como consecuencia de una patología de paraparesia flácida, tenía ocho meses de edad.

El Ministerio del Trabajo resolvió una consulta relacionada con la regulación existente sobre las herramientas tecnológicas que puede utilizar un empleador con el fin de ejercer control en los horarios de trabajo.

El Decreto 1860 reglamenta los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 del 2020 (Ley de Emprendimiento), relacionados con el procedimiento de mínima cuantía, la contratación con Mipymes y grandes almacenes y la definición de criterios diferenciales de calificación para emprendimientos y empresas de mujeres.

Según la jurisprudencia, solo es posible que las entidades estatales desarrollen sus funciones mediante la contratación de terceros o entidades privadas u operadores externos siempre que:

Dicha conducta fue incluida como falta gravísima en el artículo 48, numeral 55, de la Ley 734 del 2002, precisó la Sección Segunda del Consejo de Estado.

En relación con el artículo 30 de la Ley 1393 del 2010, la Corte Suprema de Justicia precisó que “el precepto bajo análisis se limita a prohibir que los pagos no constitutivos de salario excedan el 40 % del total de la remuneración para efectos de determinar el ingreso base de cotización al sistema de seguridad social. Nótese que la regla deja a salvo «lo previsto para otros fines», al tiempo que circunscribe esta prohibición «para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993», esto es, el IBC de la seguridad social” (subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales).

El Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública expidieron una circular conjunta en la que se invita a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental y municipal, en el sector central y descentralizado, a garantizar el acceso de las mujeres a cargos del nivel directivo en las entidades estatales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, el término de prescripción de las acciones jurídicas establecidas legalmente para reclamar los derechos laborales es de tres años, que se contabilizan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, pudiendo ser interrumpido con el simple reclamo del trabajador, por un lapso igual.

La Función Pública invitó a las entidades nacionales, departamentales y municipales a dialogar con las organizaciones sindicales para la elaboración de los planes de bienestar y capacitación de los servidores públicos para el 2022,